Premiado el convenio con la fiscalía superior para combatir las agresiones físicas y/o verbales a los facultativos en la IV edición de los premios á sanidade de Galicia

Cooperación Medios de comunicación 21/02/2020

PREMIADO EL CONVENIO PARA COMBATIR Y PERSEGUIR COMO DELITO LAS AGRESIONES FÍSICAS O VERBALES A LOS FACULTATIVOS EN LA IV EDICIÓN DE LOS PREMIOS Á SANIDADE DE GALICIA

El Convenio para combatir y perseguir como delito las agresiones físicas o verbales a los facultativos firmado por el fiscal superior de Galicia y los presidentes de los Colegios de Médicos de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra ha resultado ganador de la categoría de “Campaña o Acción Sanitaria” de la “IV Edición de los Premios á Sanidade de Galicia” organizado por Sanitaria 2000. El objetivo de estos premios es reconocer y poner en valor la labor que desarrollan los profesionales sanitarios en la comunidad de Galicia.

El premio fue recogido por el presidente del Consello de Colegios Médicos de Galicia, Dr. José Luis Jiménez Martínez y el fiscal superior de Galicia Fernando Suanzes acompañados del Dr. José Manuel Bendaña, miembro del observatorio de agresiones de la OMC y el Dr. Luciano Vidán, presidente del Colegio Médico de A Coruña.

El convenio de colaboración premiado tiene como objetivo coordinar los esfuerzos para combatir las agresiones físicas o verbales contra facultativos que prestan sus servicios en centros públicos y privados de la comunidad autónoma de Galicia.

En este acuerdo se establece un protocolo para facilitar la actuación inmediata en caso de que se produzca un incidente violento contra un médico, articulando los mecanismos de cooperación necesarios para garantizar la eficacia en la investigación, persecución y castigo de dichas infracciones penales.

El médico objeto de una agresión en el ejercicio de sus funciones deberá remitir el parte de lesiones si lo hubiere, o la documentación concerniente al caso, directamente al Colegio de Médicos.

Desde este órgano se procederá de inmediato a presentar una denuncia ante la Fiscalía territorial que corresponda, de forma que será el Ministerio Público el que se encargue de abrir las oportunas diligencias de investigación penal y, en caso de estimar que existen indicios suficientes de delito, llevar el asunto ante el juzgado de instrucción. Además, la Fiscalía se compromete a realizar un seguimiento particular una vez que se incoen diligencias por el órgano judicial.

El convenio prioriza este procedimiento  a la presentación de denuncia directamente ante el juzgado de guardia o la policía, con la finalidad de evitar duplicidad de procedimientos y garantizar una mayor efectividad en el proceso. No obstante, en el caso de recepción de agresiones ya denunciadas se comunicará a la Fiscalía tal circunstancia, adjuntando copia de la denuncia o atestado, datos relativos al juzgado que lleva la causa y número de procedimiento incoado, con objeto de poner en conocimiento del Ministerio Público su existencia y permitir su seguimiento.

 

Atentado contra la autoridad

 

La reforma del Código Penal del 1 de julio de 2015 contempla las agresiones a sanitarios que trabajan en el sector público como delito de atentado contra la autoridad (art.550). En este sentido, el convenio especifica que todo atentado, lesiones que requieran tratamiento médico o quirúrgico, amenazas o coacciones que den lugar a la incoación de un procedimiento por delito grave o menos grave, tendrán consideración de delito público, por lo que el perdón del ofendido no extinguen la acción penal. Algo que sí sucedería si el procedimiento es por delito leve.

El protocolo de colaboración incluye un anexo con una serie de pautas para adecuar el procedimiento de denuncias en caso de agresiones a médicos que trabajan en empresas o instituciones privadas. El modo de proceder será similar a la sanidad pública, si bien con un alcance penal más limitado ya que en estos casos el profesional de la medicina no tiene la condición de funcionario y, por consiguiente, su posición jurídica en es como la de cualquier otro particular al no tener la agresión carácter de atentado.


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